El Presidente de SPTCRA, el Dr. Sergio Tomás Oste disertó sobre la experiencia en Argentina sobre el Programa de Bosques Nativos en 2022 (fiscalizado por la Red Federal de Control Público), en el Congreso Internacional denominado «Rede de Controle e Pós-COP30» de la República Federativa de Brasil.
Fundó su disertación, en el informe de la unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, elaborado en agosto de 2023 en el marco de la Red Federal de Control Público (RFCP) analizó la ejecución del Programa Bosques Nativos durante 2022 en 17 provincias argentinas. El relevamiento, basado en auditorías in situ realizadas por organismos provinciales, que integra la Red Federal de Control Público, evaluó el grado de cumplimiento de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y expuso tanto avances en materia institucional como limitaciones en la gestión y control.
La RFCP, integrada por estructuras de fiscalización de los niveles nacional, provincial y municipal, tiene como objetivo evaluar el desempeño de políticas públicas. En este caso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible financió auditorías destinadas a examinar la implementación de acciones vinculadas a la conservación de los bosques nativos.
El informe contextualiza la problemática a nivel global, señalando que los bosques ocupan aproximadamente 4.060 millones de hectáreas —el 31% de la superficie terrestre— y cumplen funciones clave como la provisión de recursos, la conservación de la biodiversidad y la regulación climática. En Argentina, la pérdida de bosque nativo entre 1998 y 2021 se concentró principalmente en la región del Parque Chaqueño, registrada entre 2008 y 2021 en esa zona, especialmente en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.
En cuanto a la institucionalidad, el relevamiento indica que el 100% de las provincias auditadas cuenta con marcos normativos, autoridades de aplicación, estructuras formales y cuentas bancarias destinadas a la gestión de fondos. Asimismo, todas utilizan el Sistema de Información Forestal, aunque solo el 82% tiene responsables asignados para la carga de datos y el 59% dispone de sistemas complementarios.
No obstante, se identificaron debilidades en los canales de control. El 76% de las provincias cuenta con mecanismos de denuncia, pero el 60% no mantiene registros actualizados, lo que dificulta el seguimiento y control interno. En términos operativos, solo seis provincias (35%) poseen capacidad completa de fiscalización, mientras que siete (41%) presentan capacidades parciales y cuatro (23%) carecen de ellas.
El análisis de recursos humanos muestra una marcada disparidad: el promedio de agentes por provincia es de 16, aunque se destaca el caso de Chaco con 263. En cuanto a capacitación, el 59% de las provincias desarrolló programas específicos, mientras que el 65% dispone de equipamiento adecuado para el personal de campo y recursos tecnológicos suficientes.
En materia financiera, el informe destaca un incremento superior al 640% en los recursos del Fondo Nacional de Bosques entre 2018 y 2022, pasando de 166 millones a 1.232 millones de pesos. Según la normativa, el 70% de estos fondos se destina a compensaciones a titulares de tierras con bosques nativos, mientras que el 30% se orienta al fortalecimiento institucional y asistencia técnica.
Sin embargo, se advierten demoras significativas en la ejecución: el tiempo promedio de transferencia de fondos a productores alcanza los 400 días. Además, seis provincias cuentan con fondos propios adicionales, aunque sin especificación de montos ni origen.
El informe también examina los instrumentos de gestión. Señala que la actualización de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos enfrenta dificultades por falta de consenso y recursos. Asimismo, el 59% de las provincias recibe solicitudes de desmonte, tramitadas bajo normativas locales, y solo el 35% dispone de indicadores para medir su contribución a la conservación.
Entre las consideraciones finales, el documento destaca que, si bien existe una institucionalidad formalizada y altos niveles de registro de información, persisten riesgos en el seguimiento de denuncias, limitaciones en la capacidad de fiscalización y una baja implementación de indicadores de desempeño.
Como conclusión, el informe recomienda analizar problemas de gestión vinculados a la eficiencia, eficacia y economía en la aplicación de la ley, corregir desvíos en los procesos de transferencia de fondos y fortalecer las capacidades de control para garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos de conservación de los bosques nativos.
Link de la disertación: https://www.youtube.com/watch?v=9b6r8eGMy0Y&t=9s