El Secretariado Argentino de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos de Control Público Externo viene impulsando con firmeza una iniciativa legislativa clave: que el Estado Nacional argentino vuelva a rendir cuentas por el uso de fondos públicos, tal como lo exige la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la que Argentina adhirió mediante la Ley N.º 26.097, en 2006.
Durante el año pasado, los diputados Ali y Herrera presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone resolver esta deuda institucional.
La propuesta acaba de recibir un respaldo de gran relevancia internacional: el bloque brasileño de la ASUR (organismo que nuclea a entidades de control del Mercosur) expresó su apoyo total y sin condiciones durante el reciente IX Congreso Internacional de Control y Políticas Públicas, celebrado la semana pasada en Brasil.
El presidente del Secretariado Argentino y vocal del Honorable Tribunal de Cuentas de San Luis, Dr. Sergio Oste, ha manifestado en reiteradas oportunidades —en medios y foros nacionales e internacionales— que desde 1992, tras la disolución del Tribunal de Cuentas de la Nación Argentina, el Estado nacional dejó de rendir cuentas técnicamente, incumpliendo así con los compromisos asumidos ante la ONU.
Según Oste, la solución pasa por una reglamentación adecuada del artículo 85 de la Constitución Nacional, mediante una ley que:
- otorgue facultades jurisdiccionales y sancionatorias a la Auditoría General de la Nación, y
- obligue a los ejecutores de fondos públicos nacionales a rendir cuentas ante el organismo de control correspondiente.
Este proyecto no solo visibiliza una grave falencia institucional, sino que propone una salida legal, constitucional y alineada con los estándares internacionales que el país ha suscripto.